El Govern pierde el canon de residuos, con el que ingresa 116 millones al año
- ERC y Junts votan «no» a la ley de Residuos por su discrepancia sobre la implantación del nuevo gravamen estatal, que generaliza este impuesto a todas las comunidades
- Una enmienda del Senado permite ceder a la Generalitat la gestión y la recaudación del impuesto estatal sobre depósito e incineración de residuos
- Una futura negociación, en el contexto de la financiación autonómica y la modificación de la LOFCA, permitiría devolver la plena titularidad del tributo a la Generalitat
23 de marzo de 2022 – https://www.lavanguardia.com/natural/20220323/8145681/erc-vota-ley-residuos.html – REDACCIÓN ANTONIO CERRILLO (Barcelona)
El Senado ha aprobado la ley de Residuos con el apoyo del PSOE Cs, PNV, EH-Bildu, PAR y la abstención del PP. ERC, al igual que Junts per Catalunya, votaron en contra. Ambas formaciones juzgaron inaceptable la pérdida de control que supone para la Generalitat la implantación del impuesto estatal de vertidos y de incineración de residuos; esta medida comporta que el actual canon de la Generalitat pasará a manos del Estado. Para el 2022, la Generalitat tenía previstos ingresos que totaliza 116 millones de euros.
Fuentes socialistas indicaron el martes que «no ha habido manera de acercar posturas». El Ministerio para la Transición Ecológica había mostrado voluntad de llegar a un acuerdo, pero las mismas fuentes señalaron que el Ministerio de Hacienda no ha dado su brazo a torcer. Al final ha habido una importante aproximación de posiciones, aunque no tanto como para que ERC y Junts votaron a favor de la ley.
“Es una ley recentralizadora y que penaliza a Catalunya”, sentenció el senador de ERC Xavier Castellana.
Una ecotasa disuasoria para penalizar vertido e incineración
La implantación de un impuesto estatal de residuos para penalizar el vertido y la incineración comportará que es el Estado sería el titular del impuesto.
El problema es que la Generalitat ya venía implantando este gravamen desde hace casi 20 años, y sus recursos han servido para crear infraestructuras para el buen manejo de los desechos municipales y para establecer políticas para modular el apoyo a la recogida selectiva.
Recaudados 647 millones
ERC y Junts han venido considerando que esta es una fórmula centralizadora, y que con ella el tributo del Govern perdería rapidez, agilidad y capacidad de regulación para modular el gravamen, que tiene una función disuasoria para prevenir la generación de residuos.
Este instrumento fiscal ha permitido recaudar 647 millones de euros entre el 2004 y el 2021, destinados a la buena gestión de los desechos y favorecer la recogida selectiva (que alcanza el 46%, en Catalunya, cuando en el año 2004 se situaba en un 30%).
El problema se ha centrado sobre todo en el Ministerio de Hacienda, desde donde se ha esgrimido la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Esta ley establece que cuando en un mismo ámbito impositivo concurren dos impuestos de la misma índole (uno estatal y otro autonómico) decae el autonómico.
La LOFCA prohíbe que las comunidades autónomas y el Estado tengan el mismo hecho imponible
«La LOFCA prohíbe que las comunidades autónomas y el Estado tengan el mismo hecho imponible», recalcó en su intervención el senador socialista Fernando Lastra.
“Hemos acotado al máximo las posibilidades legales que se puedan dar en materia de un impuesto cedido”, añadió Lastra a este diario.
“Ya que la LOFCA no permite la doble imposición, hemos propuesto una enmienda para reformar la LOFCA, pues una ley cambia otra ley, pero no ha sido aceptada esta idea. La LOFCA es como un tótem intocable para los socialistas”, replicó Xavier Castellana, de ERC.
Ceder la gestión completa
El PSOE se avino al final a introducir un régimen transitorio para hacer una nueva atribución de competencias. Así, en una enmienda transaccional aprobada se indica que las comunidades autónomas que tengan este tributo (9) “podrán asumir, por delegación del Estado, la gestión completa” de los impuestos sobre depósito en vertederos e incineración.
Una segunda enmienda introducida –destaca Lastra– permitirá que estas comunidades (y por tanto, la Generalitat) «podrán mantener la gestión, la liquidación, la recaudación y la inspección» (es decir, prácticamente toda la gestión del impuesto), en tanto no se establezcan los acuerdos necesarios para que la Generalitat tenga la plena titularidad de la Generalitat del impuesto cedido una vez que se modifique la LOFCA.
Para que la Generalitat recupere este impuesto en sentido estricto se requerirá, pues, que se alcancen “los acuerdos en los marcos institucionales de cooperación en materia de financiación autonómica y las modificaciones normativas necesarias”, añade una enmienda adicional.
La Generalitat debería adaptar este canon a un impuesto cedido de manera que el importe podría ser superior al establecido por el Estado. Podrá incrementarlo, nunca rebajarlo, destaca, por su parte, el senador Josep Lluís Cleries, de Junts per Catalunya. En cambio, deberá buscarse un fórmula ante el hecho de que estando el impuesto en manos del Estado los ingresos obtenidos no tendrían un carácter finalista.
LV
El acuerdo, pese a todo, es insuficiente para el Govern. Isaac Peraire, director de la Agència Catalana de Residus, indicó que la “Generalitat no debe ser una gestoría”, sino que “queremos mantener la capacidad normativa” de este impuesto así como una “mayor concreción sobre cuándo se produciría el acuerdo (de cesión plena del tributo), pues pueden pasar 20 años…” ERC quería blindar la transferencia de este impuesto pero se delega a unas negociaciones «inciertas»,
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«El canon de Catalunya un ejemplo de buenas prácticas, pero tampoco cumple; no es la Arcadia», echó un poco de agua al vino Lastra refiriéndose a que ni siquiera Catalunya alcanzó el objetivo comunitario (y de la ley estatal de residuos de 2011) de recuperar y reciclar un 50% de los desechos municipales en 2020 (aunque encabeza el ranking, al llegar al 46%).
Hemos propuesto una enmienda transaccional para reformar la LOFCA con la ley de Residuos, pero no ha sido aceptada esta idea. La LOFCA es un tótem intocable para el PSOE
Incineradora de residuos de Sant Adria de Besòs, a la izquierda
Un manifiesto
El Govern (ERC y Junts), responsables del mundo local de los Comuns así como decenas de entidades de diversos ámbitos sociales y económicos catalanes lanzaron hace unas semanas un manifiesto en el que sostiene que el nuevo impuesto estatal vulnera el marco competencial de la Generalitat y constituye un precedente que pone en peligro el futuro de otras figuras impositivas de Catalunya (que «podrían ser también absorbidas y neutralizadas”) así como la fiscalidad ambiental en manos de las comunidades autónomas.
“No nos oponemos en ningún caso a la creación de un impuesto en el Estado español debido a las necesidades que existen, pero sí (nos oponemos) a que deje fuera a las comunidades que ya tenemos una herramienta fiscal para este concepto”, indicaron todas estas entidades en un reciente manifiesto publicado. Este manifiesto ha sido suscrito incluso por alcaldes (como el de Mataró) y grupos municipales socialistas.
Canon de la Generalitat
Ingresos de 116 millones este año
La Generalitat tiene previsto ingresar en 2022 un total de 116,195 millones de euros por el canon de residuos, un concepto que en realidad lo componen cuatro gravámenes. La previsión es ingresar 83,094 millones de euros por el canon que penaliza el depósito de los residuos municipales en vertederos; 19,24 millones de euros por el canon de incineración de residuos municipales; 9,033 millones por el depósito de residuos industriales; y 4,828 millones por el depósito de los residuos de la construcción (escombros).
La actual planificación de Catalunya tiene ya, pues, en consideración la previsión de estos ingresos del canon de residuos para ejecutar las diferentes actuaciones programas. “Por tanto, la modificación del actual canon produciría importantes afectaciones a la capacidad de políticas de gestión de residuos en Catalunya”, dicen fuentes del Govern.
De los 647 millones de euros que la Generalitat ya ha recaudado 170 millones han sido destinados a la financiación de infraestructuras de gestión de residuos municipales (sobre todo, para el manejo de la fracción resto y de la materia orgánica). La otra parte sirve sobre todo para apoyar la gestión de los residuos municipales favoreciendo la recogida selectiva. En esta línea se ha devuelto directamente a los entes locales que llevan a cabo la recogida selectiva de la fracción orgánica 280 millones de euros. «El canon de residuos fue instaurado en el 2004, en el ultimo gobierno de Pujol», recuerdan fuentes de Junts.
El PP se abstuvo con una intervención del senador Vicente Martínez Mus, muy crítico con el hecho de que la ley del Gobierno «quiere colarnos dos impuestos», una frase que replicó el senador socialista, Fernando Lastra, al recordar que es la UE la que lanzó varias alertas tempranas advirtiendo a España de su mala gestión de residuos, y de la necesidad de costear los tratamientos (algo que implica poner impuestos) para alcanzar las metas comunitarias. «No nos gusta la ley; pero hemos logrado que sea menos mala; pero no votaremos a favor», dice el senador popular, contrario también a que se impusiera un impuesto a la generación de plástico.
PNV y Bildu consideran que habían logrado introducir mejoras y también juzgaron que la ley es un avance.
En cambio, Vicenç Vidal Matas (Més per Mallorca) tachó la ley de insuficiente y poco ambiciosa por no fijar objetivos de reducción de desechos más significativos. «El mercado está preparado para los cambios, tal vez sean ustedes los que no están preparados», dijo desde la tribuna, antes de criticar la supresión del canon de residuos que debía ponerse en marcha en Baleares.
